La viceconsejera de Derechos Sociales resalta que el 28,5% de los beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) son hogares formados por una sola persona con algún hijo a su cargo
El Gobierno de Canarias está estudiando extender los beneficios aplicados a las familias numerosas a las monoparentales, con el objetivo de paliar el riesgo de exclusión. La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, expuso ayer en la comisión parlamentaria que hay cinco comunidades autónomas que tienen políticas adaptadas a las familias monoparentales; pero no es así en Canarias, donde es mayor el porcentaje de estos hogares que en el resto. Apoyó su argumentación en el informe sobre la Situación de la Infancia y la Familia en Canarias, elaborado en 2018, del que se desprende que las Islas cuentan con 97.100 hogares monoparentales, el 11,7% del total. De ellos, 79.600 están conformados con la madre, frente a los 17.500 con el padre. Además, el 53,3% de los hogares monoparentales está en riesgo de pobreza o exclusión social, y el 12,5 % de los menores pobres es miembro de una familia monoparental y otro 22% lo es de una numerosa.
El mayor porcentaje son mujeres de entre 41 y 50 años; la mitad de ellas, desempleadas. “Los datos son estremecedores y la situación va ligada a la conciliación”, apuntó la viceconsejera. “Si no aumentamos la oferta de escuelas de cero a tres años, vamos a cronificar este problema”, apostilló Martínez.
Otra previsión es “rescatar” a unos 6.000 perceptores de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) con hijos a su cargo, de modo que puedan acceder a esta ayuda de forma ilimitada y no como hasta ahora, que se prolonga durante 24 meses. “Si estos menores se están criando en una situación de pobreza, están destinados a cronificarla y transmitirla de manera intergeneracional, y esto hay que cortarlo de raíz”, advirtió.
La diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández, que solicitó la comparecencia, destacó el consenso político sobre el riesgo de exclusión de familias numerosas y monoparentales y la necesidad de revisar las políticas públicas, como el caso de las de vivienda y las de empleo.
De hecho, el 28,5% de los beneficiarios de la PCI son hogares monoparentales, con hijas e hijos a cargo: “La pobreza en Canarias tiene rostro de mujer y va acompañado de niñas y niños”, proclamó. Por ello, fijó como prioridad “atender la situación de vulnerabilidad” en las familias monoparentales. “Esto nos obliga a rediseñar las políticas públicas para que respondan a las nuevas realidades y demandas sociales y que muestren una sensibilidad especial hacia realidades familiares en las que también se producen situaciones de violencia de género o de exclusión provocada por discapacidades o dependencia”.
VIOLENCIA Y PERSONAL
El Ejecutivo regional se propone “dar una vuelta” a la atención a menores con medidas por violencia contra los progenitores, que aumenta en Canarias hasta ocupar el cuarto lugar en España, con 405 casos en 2018 y con un adelanto en la edad de los agresores, que actualmente se sitúa en los 13 años.
El 65% está relacionado con violencia dirigida a las madres. Gemma Martínez expuso a instancia del grupo Nacionalista Canario, la estrategia para abordar la violencia filio-parental. Se trata de “un asunto de gran dureza y en la mayoría de los casos representa una violencia oculta que solo llega a denuncia cuando la situación es extrema y los padres no aguantan más”, constató la viceconsejera.
Cristina Valido pidió que la reflexión lleve a “visibilizar un asunto tan grave como este y que el Gobierno actúe sin demora, pues “el miedo de los padres solo lleva al empoderamiento del agresor”.
En otro aspecto, Martínez se preguntó, en alusión a Valido, cómo es posible que los anteriores responsables de la Consejería hayan permitido que esta quedase en situación “paupérrima” de personal: “Hemos detectado las necesidades de personal y habrá que hacer planes de choque a corto plazo”. Una opción es crear una estructura similar a las del SCE y del SCS.
Fuente: Diario de Avisos