La Asociación de Directores y Gerentes señala que el 41% de los beneficiarios con la dependencia reconocida no reciben ayudas
Las administraciones públicas canarias deben aún incrementar su presupuesto en servicios sociales en el 11,8%, lo que supone que el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos tienen que invertir 76,5 millones de euros más cada año para atender de forma “digna” a todos los ciudadanos que lo necesiten. Así lo determina el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales de 2017, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de esta materia. Pese a que en el documento se reconocen algunos de los avances del Archipiélago en los últimos años y un mayor acercamiento a la media nacional en determinados aspectos, lo cierto es que en el ranking el Archipiélago ocupa la segunda posición por la cola, algo que refleja el camino que aún le queda por recorrer.
El documento destaca que “es imprescindible que Canarias continúe desarrollando su sistema público de servicios sociales como lo viene haciendo en los dos últimos años (2015 y 2016) para recuperar unos niveles dignos de atenciones que garanticen los derechos sociales más básicos de los ciudadanos”. Además, añade como “paso imprescindible” la elaboración “de manera prioritaria” de una Ley de Servicios Sociales, “que reconozca derechos subjetivos y que establezca la obligatoriedad de concretarlos en una cartera o catálogo”. También “debe continuar el esfuerzo inversor de sus administraciones públicas en servicios sociales, para situarse a corto plazo en la media estatal, lo que supondría incrementar el 11,8% sus presupuestos actuales, un incremento del que resultarían 76,5 millones de euros más al año”, se apunta en el texto.
A juicio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el aumento de fondos debe ir centrado, principalmente, en cinco grandes áreas, debido al actual déficit que experimenta. Esta entidad profesional recomienda mejorar la dotación de sus estructuras básicas de servicios sociales, ya que cuentan con un profesional por cada 3.268 habitantes, mientras que la media estatal es de uno por cada 2.436.
Asimismo, propone seguir avanzando en la aplicación de la ley de dependencia, ya que, aunque se reconocen ciertas mejoras, Canarias todavía sigue a la cola y solo atiende al 4,85% de la población potencialmente dependiente, mientras que la media nacional es del 8,5%. Otro dato que pone de relieve el documento es que el limbo de la dependencia (aquellas personas que tienen reconocida la ayuda pero no la reciben) en las Islas alcanza el 41,8%, un dato que en el resto de España está en el 26,2%.
Entre las recomendaciones incluidas en el informe del pasado año se halla la petición de incrementar la extensión y la cuantía de las rentas mínimas de inserción, ya que solo el 4,5% de la población por debajo del umbral de la pobreza recibe esta prestación en Canarias. Aumentar los servicios residenciales para mayores y la teleasistencia son otras propuestas.
Fuente: Diario de Avisos