La ciudadanía podrá a partir de ahora denunciar por la vía administrativa y judicial, como actualmente sucede con el Servicio Canario de Salud, cualquier incumplimiento por parte de las administraciones públicas a una prestación o servicio a los que tenga derecho en virtud de la ‘cartera’ incluida en la futura Ley de Servicios Sociales.
Ese es el objetivo de una de las enmiendas presentadas por la formación morada y que ha sido aceptada este jueves durante la primera reunión de la ponencia parlamentaria que está debatiendo la Ley de Servicios Sociales que será aprobada a finales de 2018 y a la que han asistido la portavoz, Noemí Santana, y la presidenta del Grupo, María del Río.
De esta manera, el acceso a las prestaciones y servicios del futuro Sistema Canario de Servicios Sociales se configura, tal y como ha propuesto Podemos Canarias, “como un derecho subjetivo dentro del marco de los requisitos generales de acceso” al mencionado sistema y de los “requisitos de acceso específicos que se regulen para cada prestación o servicio”.
Tutela judicial Por tanto, “las personas titulares podrán reclamar en vía administrativa y judicialmente” el “cumplimiento del derecho a las prestaciones y servicios que reconoce” la presente ley que se está tramitando.
Según la formación morada la “tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas que sean necesarias para poner fin a la vulneración” del derecho a la
prestación o servicio, “así como para restablecer a la persona perjudicada en el ejercicio pleno del mismo”.
Esta enmienda aceptada se presentó al objeto “reconocer la universalidad en el acceso a los servicios sociales” y la consecución de lo que se ha denominado el ‘cuarto pilar’ del Estado del Bienestar, junto con la salud, la educación y los sistemas nacionales de la dependencia y de las pensiones.
Fuente: El Diario