El borrador del nuevo convenio prevé incorporar herramientas para descentralizar el servicio y actualizar los costes sociosanitarios.
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, presidió la comisión sectorial de Bienestar Social, que reúne a los siete cabildos e informó, como único punto del día, de las mejoras en el convenio de colaboración entre la comunidad autónoma y los cabildos en materia de dependencia, y el calendario de aprobación de los acuerdos de colaboración para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de estancia diurna. El nuevo marco prevé más recursos y más autonomía para que los cabildos atiendan las diferentes necesidades de su población.
El borrador del nuevo convenio, sobre el que cada cabildo aún podrá hacer alegaciones, permitirá desplegar la cartera de servicios en función de las demandas concretas, tanto territorial como temporalmente. De esta manera, se abre un escenario en el que se podrán habilitar ciertos servicios aún no contemplados, cuando el organismo responsable observara la necesidad de hacerlo, flexibilizando la capacidad de cada administración insular para amoldar los servicios a las demandas de sus administrados. Asimismo, otorga libertad a los cabildos para destinar la financiación a la contratación de personal temporal de manera coyuntural para la elaboración de informes o traspasar esos importes a la prestación de servicios.
El convenio dotaría a los cabildos de herramientas para optimizar la gestión de los recursos, rentabilizar al máximo la ocupación de las plazas y elevar el número de personas atendidas, así como aumentar la emisión de los planes individuales de atención, mediante la cooperación interinstitucional.
El borrador de convenio contempla el aumento del precio/plaza de alto requerimiento y ciertos conceptos de gastos de material sanitario en plazas de bajo y medio requerimiento, y la revisión anual del presupuesto al alza. Asimismo, la Consejería de Sanidad se compromete a revisar anualmente los precios pagados por los materiales de atención sanitaria que no sean estrictamente medicamentos, como complementos alimenticios o material de continencia.
Fuente: El Día