1 de octubre de 2020
La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, celebró este jueves una reunión telemática en la que participaron cerca de un centenar de personas y en las que se dio a conocer parte del borrador de la Ley de Renta Ciudadana
La viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, ha celebrado hoy una reunión de trabajo con los representantes del área de servicios sociales de los Cabildos insulares, los ayuntamientos y entidades del Tercer Sector para presentarles los datos acerca de la pobreza y la exclusión en Canarias que se enmarcan dentro de uno de los estudios con los que el departamento de Derechos Sociales viene trabajando para diseñar el borrador del proyecto de ley de Renta Ciudadana.
Según avanzó la viceconsejera en la reunión, celebrada de forma telemática, “para el diseño de la Renta Ciudadana para Canarias, tal y como mandata el artículo 24 del Estatuto de Autonomía, hemos diseñado un modelo que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra población y que corresponde a la realidad sociolaboral de nuestras Islas, por eso, desde la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en colaboración de otros departamentos del Gobierno como Hacienda, Empleo, Presidencia y Vivienda, hemos venido realizando un trabajo coordinado con la Fundación ISEAK de cara al diseño de la mejor herramienta posible para disminuir la pobreza y la exclusión social en nuestras islas”.
En esta reunión se analizó la situación de la pobreza y la exclusión social en Canarias y cómo combatirla con estas herramientas. Entre otras cuestiones, se abordó el impacto del Ingreso Mínimo Vital en la futura Renta Canaria de Ciudadanía y qué tipos de complementos se puede dar al ingreso estatal para reducir las actuales cifres y alcanzar a los colectivos más vulnerables.
“Lo que queremos con la reunión de hoy es generar un debate con todos los actores sociales y administrativos implicados con el fin de cumplir, tal y como anunció la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en sede parlamentaria esta misma semana, llevarlo a Consejo de Gobierno a finales del mes de octubre, con el fin de iniciar su trámite en el Parlamento en noviembre y posteriormente aprobarlo y que entre en vigor”, explicó.
“En este informe se muestra una panorámica general de la población canaria y sus hogares y se analiza la realidad en cuanto a la situación de la pobreza en la Comunidad Autónoma para diferentes umbrales de pobreza. También se realiza un perfilado de las personas pobres en Canarias donde se identifica qué colectivos son los que mayores dificultades presentan”, indicó Martínez, quien aclaró que “el estudio identifica las buenas prácticas de los sistemas de garantías de rentas existentes en otras comunidades autónomas. Para ello, se comparan las principales características del actual sistema de PCI en relación al resto de las rentas mínimas o garantizadas que existen en las demás comunidades autónomas españolas.”
Para la realización de este estudio se contó con la Fundación ISEAK, especializada en el estudio en el ámbito de lo social, con profesionales de reconocido prestigio cuyas investigaciones orientan a las administraciones en el diseño de políticas públicas.
Fuente: Gobierno de Canarias