La joven, con un retraso madurativo, tiene plaza en el centro Diferentes e Iguales, pero no cómo acudir a él

Patricia Simón, Patri como la llama su madre, tiene 22 años y desde que nació convive con un retraso madurativo sin diagnosticar que la convierte en una niña con una mentalidad de unos siete años. A pesar de ello, no ha dejado de ir al colegio hasta cumplir los 21, la edad límite para que las personas con discapacidad puedan permanecer en la enseñanza reglada.

Ahora, Patri tiene plaza en un centro en Puerto del Rosario donde puede continuar su formación. Sin embargo, la falta de transporte la obliga a vivir recluida en su casa de Triquivijate.

Patri vivió una infancia con entradas y salidas al hospital; desfiles por las consultas de neurólogos, cardiólogos, especialistas en digestivo y sesiones de estimulación precoz. También entró en un quirófano del Materno Infantil de Gran Canaria, con cuatro años, para ser intervenida del corazón.

Sin embargo, su madre, Isabel Santana, no renunció a que su hija se formara para que, el día de mañana, pudiera ser lo más autónoma posible. En casa le ha ido enseñando a valerse por sí misma. En el colegio, a leer, escribir, matemáticas… Estudió en los centros de Lajares y Triquivijate y, más tarde, en el aula enclave del IES Puerto del Rosario. Hasta allí, acudía en una guagua junto a una cuidadora.

Al cumplir los 21 años, Isabel se encontró con el mismo problema que tienen miles de padres con hijos con discapacidad intelectual ¿qué hacer con ellos a partir de ahora? Las oportunidades en Fuerteventura eran muy limitadas. Las instituciones han estado años defendiendo que no hay suficientes demandantes de este tipo de centros donde los jóvenes pueden continuar formándose y negando la existencia de listas de espera en la Isla.

A través de otra madre, Isabel supo de la existencia de Diferentes e Iguales, un centro ocupacional ubicado en Puerto del Rosario, donde se les da formación y a la vez se trabaja con ellos para que ganen en autonomía e, incluso, se les prepara para enfrentarse al mercado laboral.

El proyecto educativo cuenta con el apoyo de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos (Adivia). Isabel no lo dudó y fue al centro. Le gustó y la apuntó el pasado verano. La confirmación de matrícula no tardó en llegar.

Sin embargo, todo no iba a continuar así de fácil. El primer obstáculo ha sido la falta de transporte para poder llevar a la joven desde Triquivijate hasta Puerto del Rosario. La ausencia de transporte se ha visto agravada con la enfermedad de Isabel. Desde agosto sufre, sin saber el motivo, una falta de visión en un ojo que le impide conducir.

Todo ello ha hecho que Patri apenas pueda salir de su casa. Patri es una niña alegre y sociable que recibe a las visitas con abrazos, besos y sonrisas. Pero en casa se aburre. “Se pasa el día brazo sobre brazo, pidiendo salir, pero con el tema del ojo no puedo ir con ella a ningún lado”, lamenta su madre.

Isabel reconoce que, desde que Patri dejó el aula enclave, ha notado en ella “un retroceso, sobre todo en el habla. Ha perdido muchísimo. Sabía sumar, restar, escribir, pero ya no se acuerda ni de las matemáticas. En casa le hago refuerzo, pero necesita orientación. Siempre ha estado con logopeda y orientadora, pero ahora no tiene ninguna de las dos”. Además, en casa “se aburre, se pone nerviosa y temo que lo que he conseguido con ella se pierda”.

Sin ayuda del Ayuntamiento

A la desesperada, Isabel buscó ayuda en el Ayuntamiento de su municipio, Antigua. Pidió una reunión con el alcalde, Matías Peña, y hasta allí se fue junto al presidente de Adivia, José Gómez. El alcalde los derivó a la concejala de Participación Ciudadana y Turismo, Deborah Edgington. “La concejala me escuchó y me atendió amablemente, pero no me solucionó nada. El Ayuntamiento me dice que no es competencia y que me sugiere que acuda a los Servicios Sociales de Cabildo”, comenta Isabel.

A su lado, Patri escucha con atención y repite algunas de las palabras que oye a su madre. José Gómez recuerda que el transporte es “un derecho de las personas discapacitadas” y lamenta que el Ayuntamiento “no le dé respuesta”.

A su lucha para convertir Fuerteventura en una isla cien por cien accesible y que quienes viven en ella con algún tipo de discapacidad puedan tener los mismos derechos que el resto de la población ha unido el caso de Patri.

Días después de la reunión en el Ayuntamiento, el presidente de Adivia mantuvo un encuentro con el alcalde Matías Peña y el tema de Patri volvió a ponerse sobre la mesa. “Nos dijo que no conocía el problema y que su concejal iba a mirar si los voluntarios la llevaban un día uno y otro día otro, pero eso no es una solución”, comenta José. Y apostilla: “el Ayuntamiento tiene que buscar los medios para que esa persona pueda acceder a la educación”.

Gómez señala cómo “en un principio dijo que en la cartera de servicios no se contempla esta medida, pero es tan fácil como que, si tiene medios económicos, cree esa oferta”. De otra forma, “se está produciendo una desigualdad” e impidiendo que estas personas “tengan oportunidades en la vida”.

El presidente de Adivia recuerda a las autoridades locales que “el respeto a las minorías tiene que ser vital en una sociedad que quiere ser más justa” e insiste en la necesidad de que estas personas, una vez cumplen los 21 años y quedan exlcuidas del sistema educativo, encuentren plaza en un centro para que, cuando se dé la circunstancia de que sus padres fallezcan, ellos no queden desamparados”. “Es importante que puedan acceder a tener su propia capacidad para emanciparse y recursos económicos suficientes para no depender de nadie”, añade.

José Gómez escuchó mil veces que este tipo de centros no tenían demanda en Fuerteventura, “pero hemos demostrado que existe”, insiste. Diferentes e Iguales tiene a diez personas matriculadas y media docena en lista de espera para el próximo año y “esto no se va a quedar ahí porque en la Isla hay siete aulas enclave con niños que irán cumpliendo años y necesitarán este recurso”, dice.

El Cabildo de Fuerteventura está pagando la formación de las 10 personas inscritas, a través de una subvención nominada de 95.000 euros.  “El Cabildo ha puesto todo eso y los ayuntamientos no aportan nada. Por tanto, lo menos que podían hacer es poner este servicio”, comenta Gómez. Sí lo ha hecho el Ayuntamiento de La Oliva, que ha buscado una plaza en el transporte escolar para que uno de los jóvenes del municipio pueda ir al centro.

Adivia espera reunir el dinero suficiente para comprar un microbús y poder prestar en el futuro el servicio de transporte a los jóvenes que acuden al centro, pero reconoce la dificultad que ello acarrea porque, insiste, “no somos ricos”.

Isabel lamenta la marginación a la que están expuestos otros chicos y chicas que padecen algún tipo de discapacidad intelectual en Fuerteventura. “La Isla no tiene los medios suficientes para ellos. Se piensa que hay cuatro, pero hay muchas personas”, recuerda.

Esta madre sólo espera que su hija, el día de mañana, sea autosuficiente y se pueda defender por sí misma. Le gustaría verla algún día ocupando un puesto de trabajo. Mientras tanto, Patri sigue en su casa esperando un transporte. Su plaza en el centro Diferentes e Iguales también espera por ella.

Fuente: Diario de Fuerteventura