La consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval se ha comprometido a desarrollar esta norma, ya que es la única región que no tiene aún una red de atención para menores con dificultades en la Infancia
En abril se aprobó la Ley de Atención Temprana, pero los procesos electorales no han permitido apreciar avances. Si a esos menores no se les atiende en tiempo y forma se pueden convertir en personas dependientes
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La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz Oval, ha reconocido que son 9.000 los menores con problemas de desarrollo los que tienen derecho a ser atendidos por una red pública de atención temprana pero siguen esperando. Se trata de una demanda histórica de las familias, que incluso han constituido una plataforma para luchar por este fin.
La atención temprana requiere de manera inmediata «actuación», subrayó Cruz Oval. «No podemos vivir de espaldas a esta demanda que nos hacen los 9.000 niños y niñas que requieren esa atención y la tienen reconocidas por ley». Y es que, tal y como explicó la consejera, si a esos menores no se les atiende en tiempo y forma se pueden convertir en personas dependientes.
Esa atención temprana, «hoy por hoy no se está prestando», ha lamentado Teresa Cruz Oval, que añade que su compromiso es que llegue al conjunto de las islas. «No vale con que llegue a las capitalinas y no a las no capitalinas», remarcó.
La atención temprana permite realizar un diagnóstico precoz para prevenir que los menores potencien en el futuro dificultades que se les puede detectar en la infancia como trastornos en el habla, déficit de atención, problemas emocionales… Se trata de diferencias que no siempre están relacionadas con una discapacidad y que, de actuar a tiempo, puede evitarse que se desarrollen y conseguir que estas personas sean autónomas.
Cuando hablamos de atención temprana muchas veces olvidamos que hay muchos menores en riesgo de padecerlo porque sufren violencia intrafamiliar, han sufrido en el parto, se encuentran en situación de exclusión social….hay numerosos factores además de genéticos.
Desde el pasado mes de abril, Canarias cuenta con una ley específica para desarrollar esta atención, aunque los procesos electorales no han permitido que se puedan apreciar avances. La Plataforma de atención temprana de las Islas, formada por familiares con menores que sufren esta situación, ha reprochado recientemente que no se aparecen los recursos prometidos por la anterior consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, cuando aseguró que este año se iban a destinar 5 millones de la ley de servicios sociales a este fin.
El actual director de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero (Podemos), explicó a finales de septiembre a Canarias Ahora que la exconsejera Cristina Valido mintió a la plataforma, ya que ha revisado todos los convenios y la documentación de la Consejería y su conclusión es que esas partidas de más que se han destinado este año se traducen solo en 52 plazas más en centros de La Palma (36 plazas) y Fuerteventura (16) que suman 272.064 euros. Por otro lado, otros 113.000 euros han ido para la Fundación Sagrada Familia. En total, unos 400.000 euros es lo que ha supuesto de más el presupuesto para atención temprana.
Por su parte, en aquel momento, Cristina Valido también señaló a este periódico que en la pasada legislatura se reunió con la FECAI para que se decidiera en qué emplear esos cinco millones prometidos dependiendo de las necesidades de cada isla, de acuerdo a tres líneas que asegura que se consensuaron: ayudas al transporte a los centros, actualizar los precios de los recursos que prestan atención a la discapacidad y dependencia o financiar los servicios de atención temprana que prestaban las entidades.
La actual consejera ya se comprometió unos días después en el Parlamento de Canarias a impulsar esta norma y este miércoles en la comisión parlamentaria a propuesta de Podemos para explicar su estrategia en materia de discapacidad ha asegurado que la atención temprana será su primer objetivo. Y es que, aunque una parte del desarrollo de esta ley recae sobre Políticas Sociales y otra parte en Educación, es Sanidad la que soporta la mayor parte.
Fuente: El Diario